Sentencia por crímenes sexuales

La justicia llegó tarde pero llegó.

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Guatemala vuelve a ser noticia, y de nuevo son buenas noticias. Ya había sido el primer país que condenaba en un tribunal local a un expresidente por el crimen de genocidio, sentencia que fue revertida por enredos judiciales y que tendrá que volver a ser procesado. También es de los poquísimos países que ha condenado a militares por genocidio y crímenes contra la humanidad. Recientemente llamó la atención con el encarcelamiento de un expresidente por delitos de corrupción. El sistema judicial guatemalteco es ejemplo en la región.

En esta ocasión se trata de sentencias por crímenes sexuales contra exmilitares durante la larga guerra civil que golpeó al país. La sentencia es la primera por estos motivos en un tribunal nacional, los antecedentes tendrían que buscarse en los tribunales especiales que se abrieron para Ruanda y la ExYugoslavia.

La resolución del tribunal fue de 120 y 240 años de cárcel a dos exmilitares por crímenes contra la humanidad en su forma de violencia sexual en contra de mujeres indígenas, asesinato y desaparición forzada en el marco del conflicto armado guatemalteco.

Rigoberta Menchú, nobel de la paz en 1992, comentó que la resolución del tribunal “es histórica, un gran paso para las mujeres y, sobre todo, para las víctimas”.

El proceso judicial fue muy doloroso para las víctimas, revivir a través de los testimonios el horror de la base militar Sepur Zarco en la década de los 80. Durante la guerra civil (1962-1996), se vivieron años de mayor violencia a inicios de los ochenta. En ese periodo el ejército apuntó su represión a la base social indígena.

Los gobiernos de Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt iniciaron una campaña en contra de la población indígena maya. El ejército atacó 623 aldeas; los indígenas eran torturados y brutalmente asesinados, las mujeres eran violadas, los niños eran golpeados hasta la muerte o lanzados vivos a las fosas comunes, o bien fueron secuestrados para servir de esclavos. En otros casos, las comunidades indígenas eran desplazadas forzosamente o reubicadas mediante la presión militar.

Las aldeas eran devastadas en campañas de tierra arrasada; se quemaban casas y cultivos, se contaminaban las fuentes de agua, se mataban animales, se destruían templos y lugares sagrados.

La violencia sexual se extendió por varios años, la base militar de Sepur Zarco se cerró hasta 1988. Varias de las víctimas presenciaron, con el rostro cubierto, las audiencias durante el proceso.

Cabe destacar la valentía de las mujeres que denunciaron y decidieron romper el silencio, buscar justicia y reparación al daño impuesto a ellas. La impunidad cubrió 34 años de su historia. El juicio se desarrolló con cerca de 20 audiencias.

Los casos son desgarradores, los ahora sentenciados participaron en el asesinato de los esposos de las mujeres que fueron convertidas en esclavas sexuales, fueron trasladadas de manera forzada a la base militar y allí retenidas largo tiempo, finalmente fueron violadas incluso delante de sus hijos.

Toda la comunidad fue impactada por los crímenes. La justicia llegó tarde pero llegó, ahora el Estado guatemalteco debe iniciar los procesos de reparación. Mirémonos en el espejo guatemalteco.

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