Hasta que la dignidad se haga costumbre

Llevamos casi 200 años de vida independiente y la impartición de justicia nunca ha llegado.

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La impunidad no es nueva en nuestro país. Llevamos casi 200 años de vida independiente y la impartición de justicia nunca ha llegado. Desde siempre el poder ha perdonado a los poderosos y encarcelado a los débiles.

Con la aparición de los medios masivos de comunicación, estos han servido para presentar como culpables a los que la autoridad dice que lo son. La sociedad preocupada por su seguridad exige grandes castigos y como si fuera circo romano pide a gritos grandes penas.

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Las investigaciones se hacen para encontrar culpables, los que sean, para vengarse de los enemigos, para amenazar y para seguir demostrando el músculo del poder. Las cifras son contundentes, más del 97% de los crímenes denunciados acaban en impunidad. Claro, aquellos casos que son del interés de alguien en el poder se resuelven como sea.

Solo en contadísimos casos la historia termina diferente. El pasado 21 de febrero fue uno de esos días.

 

En 2006 se llevó a cabo un operativo por parte de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI) en Santiago Mexquititlán, Querétaro. Los agentes de la AFI se presentaron sin órdenes a decomisar mercancía en el tianguis del pueblo. Fueron enfrentados por la población. Seis meses después, en agosto de 2006 fueron detenidas arbitrariamente tres indígenas hñähñú (otomí) de esa comunidad. Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González fueron acusadas de secuestrar a 6 agentes de la AFI.

Estás leyendo bien. Se les acusa a tres mujeres indígenas de secuestrar a seis agentes armados, entrenados y muchísimo más robustos que ellas. Según la acusación ellas tres solas lo hicieron. Vivimos en un país en el que esta acusación puede ser hecha, pueden ser presentadas las tres mujeres ante los medios con esta versión y los medios la difunden. Por si fuera poco, sin presentar ninguna prueba sólida las condenan a 21 años de prisión y a pagar una multa de 90 mil pesos.

Si aun no hierves de coraje te comento que Jacinta casi no habla español, no se le ofreció un intérprete ni un abogado que la defienda. Se le condenó con una declaración fabricada escrita en español, idioma que no hablaba Jacinta.

Muy contados periodistas dieron seguimiento al caso. La organización de derechos humanos Centro Prodh tomó su caso. En septiembre de 2009 Jacinta fue liberada ya que la PGR nunca tuvo pruebas. Sin pruebas estuvo 37 meses en prisión. Algún tiempo después Alberta y Teresa también fueron liberadas.

Vivimos en un país en el que pedir presunción de inocencia o un juicio justo o respeto a los derechos indígenas es imposible. Vivimos en un país en el que ser mujer indígena y pobre es una condena.

La dignidad y fuerza de estas tres mujeres no se conformó con la liberación. Como todas y todos en este país deberíamos hacer, ellas exigieron verdad, justicia, reparación y que esto no vuelva a suceder.

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Después de 10 años ganan otro juicio en el que obligó a la PGR a pedir una disculpa pública. Esto fue lo que ocurrió el pasado 21 de febrero.

Con un auditorio lleno en el Museo de Antropología la PGR tuvo que pedir una disculpa pública. El evento organizado por PGR no dejó de tener el rasgo discriminatorio dejando debajo del podio a las traductoras de hñähñú. Para la PGR no merecían estar arriba.

Se trató de un evento emotivo que comenzó con un coro de niños hñähñú entonando el himno nacional en su idioma. Quisiera destacar algunas las palabras de Jacinta y de su hija. Después de siglos de opresión por una vez “nos chingamos al Estado”. La PGR “pide perdón a fuerza, no por voluntad”.

Claro, castigo a los responsables no hay. Garantías de que esto no vuelva a ocurrir, imposible. De hecho nuestras cárceles están llenas de casos similares.

El llamado de atención a todas y todos los mexicanos fue la última frase de la hija de Jacinta. No es frase hueca, refleja un diagnóstico de nuestra sociedad: “Seguiremos hasta que la dignidad se haga costumbre”.  

 

 

 

 

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